Mensajero SalteñoLa intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay desató una fuerte preocupación entre sus clientes, que encontraron dificultades para acceder a sus cuentas y retirar efectivo. La entidad, que concentra depósitos de millones de personas y también administra fondos vinculados al sector público, atraviesa una crisis de solvencia que puso en alerta al sistema financiero del país.
El Banco Central de Paraguay (BCP) tomó la decisión luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad había descendido por debajo del 50% del mínimo exigido por las normas locales. A partir de esa medida, la Superintendencia de Bancos deberá designar interventores para examinar el estado patrimonial y definir cómo continuará el proceso.
La situación generó inquietud entre los usuarios, que intentaron ingresar a la aplicación para consultar sus saldos sin obtener respuestas. También se registraron dificultades en las sucursales y los cajeros automáticos, mientras que la Corte Suprema informó la suspensión de los cobros de tasas a través de esa entidad.
La crisis también tuvo consecuencias en el plano político. El presidente paraguayo, Santiago Peña, solicitó la renuncia de Carlos Carvallo, titular del Banco Central, y anunció un acuerdo con las autoridades del Congreso para avanzar con un proyecto que permita utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos y comenzar a compensar a los ahorristas.
A través de sus redes sociales, el mandatario pidió que los legisladores trataran la iniciativa con rapidez. El planteo generó cuestionamientos debido a los vínculos que tuvo Peña con Ueno Holding: el presidente había sido accionista del grupo hasta 2025. Además, Carvallo había ocupado anteriormente un cargo directivo dentro de la estructura empresarial. Sectores de la oposición anticiparon que impulsarán un juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones.
Uno de los principales interrogantes es cuánto dinero podrán recuperar los depositantes. El sistema de garantía contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares según las cifras difundidas en el material original. Para los montos que superen ese límite, el Banco Central aseguró que buscará ofrecer la mayor protección posible.
El organismo también comunicó que se prevé un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por persona, aproximadamente 1.675 dólares. Si ese pago no cubre la totalidad del depósito, la devolución del saldo restante se realizaría mediante un cronograma.
La preocupación alcanza también a instituciones y organismos que mantenían fondos en Ueno, entre ellos el Instituto de Previsión Social, distintas dependencias estatales y la Conmebol, según la información difundida sobre la entidad.
Hasta septiembre, Ueno Bank registraba depósitos por 2.836 millones de dólares, aunque durante ese período había perdido 95 millones en fondos de sus clientes. La intervención se produjo pocos días después de que se anunciara un plan de capitalización por 100 millones de dólares, en medio de cuestionamientos sobre su situación financiera.
La entidad había comenzado a operar en diciembre de 2023 con un modelo centrado en servicios digitales e inclusión financiera. Sin embargo, el material difundido también menciona inspecciones por presuntos préstamos irregulares a empresas vinculadas y una salida acelerada de depósitos.
La crisis sumó un capítulo judicial luego de que el Ministerio Público emitiera órdenes de detención contra varios ejecutivos de Ueno Bank. Entre las personas mencionadas figura Mariana Torres Rubiani, quien se presentó ante una dependencia policial.
El episodio reavivó el recuerdo de la crisis bancaria paraguaya de 1995, cuando la quiebra y el cierre de numerosas entidades provocaron la pérdida de ahorros y una profunda recesión. Aquel colapso tuvo un fuerte impacto económico y derivó en cambios en la regulación financiera del país.
Por ahora, el futuro de Ueno Bank y el alcance de las devoluciones siguen sujetos al proceso de intervención y a las decisiones que adopten las autoridades paraguayas.
